Resumen: La resolución de la autoridad gubernativa impugnada modificó las condiciones de la reunión comunicada por los promotores, consistente concentraciones diarias de una campaña de oración por la vida, desde las 8 a 20 horas, en varias fechas, con un número aproximado de 10 asistentes, cambiándose el emplazamiento propuesto a un lugar donde no hubiera contacto visual con una clínica donde se practicaban interrupciones voluntarias de embarazo, ni con las personas que accedían al centro. Se alega por los promotores que la reunión no está incluida en el ámbito de la Ley Orgánica por ser menos de 20 participantes, considerándose en la sentencia que la promotora comunicó la reunión y fijó un número aproximado de asistentes de 10, con cierto grado de indefinición en cuanto al número final de participantes que iban a coincidir de forma concertada, no descartándose que se adhirieran otros participantes, por todo lo cual cabe concluir razonablemente que en la concentración podían coincidir más de veinte personas. En cuanto al fondo, en la sentencia se considera que el cambio de emplazamiento es necesario y proporcionado, tomando en consideración especialmente los derechos a la intimidad, confidencialidad y privacidad de las personas que acuden a dichos centros médicos para interrumpir el embarazo, sobre los que pudiera producirse alguna injerencia, siquiera involuntaria, como consecuencia del ejercicio del derecho de reunión de autos.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
